Sobre criterios, tecnologías, ciudades y arquitectos ¿Quién decide cómo es la ciudad en la era digital?

En los dos artículos anteriores hemos hablado de dos casos que evidencian las relaciones existentes entre espacio digital y espacio físico. En ambos subyacía la misma pregunta: ¿Puede una aplicación web o un servicio online afectar la dimensión física de una ciudad? Y también una primera tentativa de respuesta afirmativa: el uso de datos geoespaciales de distinta naturaleza permite tomar decisiones que condicionan el espacio físico, como por ejemplo identificar los lugares donde ubicar comercios o qué lugares son dignos de ser visitados, con la consiguiente actividad económica, constructora (y a veces gentrificadora) que se deriva de ello.

Otros ejemplos podrían ser los de aplicaciones como la plataforma abierta fixmystreet que permite crear aplicaciones para que la ciudadanía informe de problemáticas relacionadas con el espacio público de su ciudad (como por ejemplo semáforos estropeados, firmes en mal estado…), wheelmap para mapas de accesibilidad en silla de ruedas o las plataformas participativas de toma de decisiones de Ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid. Ya a mayor escala estarían todas las actuaciones de smart-cities impulsadas conjuntamente por Ayuntamientos y empresas tecnológicas que infraestructurizan el espacio público para recabar datos que permitan la toma de decisiones en pos de ciudades más eficientes.

Esta nueva situación a su vez plantea otras preguntas: si, efectivamente, lo urbano puede ser transformado por lo digital, ¿quién está tomando estas decisiones? Y más importante aún: ¿Qué criterios las rigen?

A menudo, la mayoría de estas aplicaciones y servicios están realizadas por startups formadas por desarrolladores o por empresas consolidadas de sectores tecnológicos que, a través de una visión eminentemente tecnológica y comercial, buscan el beneficio económico a partir de la explotación de un negocio muy lucrativo: el del big data y los datos georreferenciados[^1].

Aunque pueda parecer que la motivación sea la misma que hace años (la ciudad se ha transformado en un objeto de consumo mercantilizado a través de la promoción inmobiliaria[^2]), ahora ha adoptado formas mucho más sutiles.

Por un lado, la ordenación de la ciudad ya no se realiza en función de la construcción de equipamientos clave, con criterios sociales o de equidad, sino, también, a partir dos nuevos mecanismos: el análisis de geodatos (por ejemplo en función de donde hay mayor densidad de fotografías en Instagram[^3], dónde están las pokeparadas …) y a través de la utilización de apps y servicios para modificar hábitos de las personas y potenciar determinadas zonas.

En el primer artículo de la serie apuntábamos como aplicaciones aparentemente inocuas como un simple juego puede ser utilizado para fines mucho más oscuros y comerciales.

En contraposición, en el segundo artículo vimos cómo las iniciativas, aplicaciones y propuestas autogestionadas basadas en la participación y el conocimiento local y sin ánimo de lucro, pueden servir como mecanismos de protesta o tomas de medidas para compensar carencias de la ciudad. Para ello utilizan las mismas tecnologías, pero, sobre todo, se basan en procedimientos y licencias abiertas que garantizan que tanto los datos como las posibles aplicaciones que puedan derivarse no sean propiedad exclusiva de unos pocos.

Ante esta situación, la hegemonía del arquitecto urbanista está claramente cuestionada. Si anteriormente las decisiones relativas a las ciudades se tomaban por parte de políticos y técnicos municipales que luego se traducían en planeamiento para materializar dichas visiones, actualmente está claro que hay muchos más agentes en juego. Ya sea por ignorancia, desconocimiento o porque no se nos ha invitado, los arquitectos hemos estado hasta ahora alejados de este tipo de foros, pero en nuestra mano está reivindicarnos como pieza clave -en tanto que técnicos, pero también como ciudadanos- en estas nuevas formas de transformar el espacio urbano. Y, sobre todo, reivindicar la utilización de criterios tan denostados, pero necesarios para las ciudades, como son la equidad, la habitabilidad o la historia (que no la visión falsamente historicista), que compensen el desequilibrio producido por reducir todas las decisiones a criterios económicos, tecnológicos y de eficiencia.

La buena noticia es que abre un panorama de nuevos retos y oportunidades para contribuir a la madurez de estas tecnologías y aplicaciones locativas que aúnan lo físico y lo digital en la que ciudades y ciudadanos salgan beneficiados.