Una pequeña reflexión en relación con la LSP

Como muchos de vosotros sabréis, el pasado 26 de diciembre se dió a conocer el Borrador de la Ley de Servicios Profesionales (LSP) en la que el Ministerio de Economía y Competitividad pretende que los ingenieros puedan realizar los mismos trabajos que los arquitectos (pero no a la inversa). Me resulta muy difícil añadir algo nuevo y razonable al debate, ya sea porque, como era de esperar, se han publicado numerosos artículos en blogs, redes sociales y medios impresos¹, ya sea porque no soy un experto en materia de leyes, competencias o movilizaciones ciudadanas. Pese a todo, y pese a que como puede observarse en este mismo sitio web, mi perfil profesional no es el tradicional, me gustaría pronunciarme ante lo que considero un despropósito a través de un tímida reflexión (y muchas notas al pie) surgida a partir de la lectura de algunos textos y tras la asamblea convocada por el Sindicato de Arquitectos el pasado viernes 11 de enero. Quizá poniendo los pensamientos por escrito, y a través de los posibles comentarios que vayan surgiendo, pueda tener un posicionamiento un poco más claro.

Acerca de la motivación (real) de la ley

Lo primero que me llama la atención es que no entiendo la motivación de una ley como esta en un momento como este en el que ni siquiera hay trabajo en la edificación para todos los arquitectos. O dicho de otro modo: parece que sobran arquitectos². Está claro que esta ley no busca abrir un sector voyante en el que abunda el trabajo pero solo unos pocos e insolidarios (los arquitectos) pueden disfrutar de él mientras los demás padecen carestías de todo tipo. Dado el prestigio internacional del que goza la arquitectura española³, tampoco busca que se haga una arquitectura mejor⁴, ni tan siquiera mejorar las construcciones edificatorias. Según parece de lo que se trata es, supuestamente, de “mejorar la competitividad de un sector que supone alrededor del 30% del empleo universitario”  (sic). Y digo supuestamente porque tal y como está el sector, la competitividad no es solo patente sino que es preocupante y feroz, llegando a extremos de que los precios son tan bajos que están reventando el mercado con lo que se conoce como “bajas temerarias”⁵.

Todo esto hace que debamos preguntarnos: ¿Cual es la motivación real de esta ley? ¿Qué es lo que cambiará tras su aprobación?⁶¿Qué se gana con el cambio? ¿A quién favorece?

No se trata de una batalla entre ingenieros y arquitectos

Lo más inmediato sería plantear esta propuesta de ley como otro absurdo conflicto de intereses entre ingenieros y arquitectos, tanto es así que el enfoque mayoritario que se le está dando hasta ahora es así: con ambas partes tratando de justificar (con mejor o menor acierto o respeto) por qué son mejores que los otros en materia de edificación (aunque con honrosas excepciones como el artículo Un mínimo de respeto, de N+1 o #LSP: Sin orden ni concierto, de Multido arquitectos). Sin embargo, creo que es un error plantearlo en estos términos. Por un lado tenemos motivos pragmáticos: según Lluis Comeron, decano del COAC, el colectivo de arquitectos está formado por 60.000 colegiados, mientras que el de ingenieros (no especificó si todos o algunos) lo forman 300.000. Con estos números salta a la vista quien tiene las de perder. No solo eso, en los últimos años ha habido un distanciamiento importante entre arquitectos y sociedad que se ha traducido en una imagen muy negativa de nosotros, algo que no ocurre con los ingenieros, quienes se venden como personas serias, pragmáticas y resolutivas (dando a entender que los arquitectos no lo somos).

Pero por otro lado está lo que creo que es realmente más importante y peligroso de esta propuesta y el motivo principal por el que creo que esto no es una batalla entre ingenieros y arquitectos: tal y como lo veo, entiendo que es algo que hoy afecta directamente a estas dos profesiones (y afecta indirectamente a otras⁷) pero que mañana puede afectar a cualquier sector de lo que son las profesiones reguladas (que en España son unas cuantas) y termina afectando a la ciudadanía como “efectos colaterales”. Así pues resultaría muy fácil abrir el campo cambiando el nombre de las profesiones sin alterarar apenas el redactado de la propuesta de ley actual por cosas como “Si actualmente un odontólogo especializado en cirugía bucofacial puede operar, debería hacer cualquier tipo de intervención quirúrquija”. Y es que en realidad se trata de otra bomba de relojería más a favor de la desregulación y del libre mercado. Basta echar un vistazo a otros campos como el de la liberalización de los horarios de los comercios o a países próximos como Grecia, Italia, Irlanda, Portugal… para saber cómo termina esto. Y es que la competitividad, el libre mercado, ese concepto que tanto gusta a los neoliberales y que parece ser la respuesta a todos los males, es en realidad es un eufemismo de bajar precios al máximo para favorecer únicamente a aquellos que tienen capital y recursos suficientes como para permitírselo (normalmente multinacionales), destruyendo a aquellos que no lo tienen (las PYMES y autónomos a quienes dice apoyar este gobierno)⁸.

¿Qué puede hacerse?

Otro de los enfoques que he leído o escuchado entre arquitectos es el de hacer autocrítica y asumir una especie de mea culpa argumentando que con determinadas actuaciones dentro del sector, nos lo tenemos merecido y debemos cambiarlo todo para que no vuelva a ocurrir. No seré yo quien defienda que el estado de la profesión o la docencia de la arquitectura sean no ya excelentes, sino buenos, y no seré yo quien rechace un debate al respecto (es más, siempre que puedo, tomo partido⁹). Sin embargo, creo que si bien tenemos un problema serio con esto y por tanto debe solucionarse, estoy convencido de que tanto los proyectos como los problemas grandes no se pueden resolver desde la totalidad, sino que es necesario acometer pequeñas intervenciones e ir resolviendo las cosas de una en una en función de su importancia y su escala. En este sentido creo que lo que tenemos delante es un ejemplo claro: tenemos una propuesta de ley que tiene unos procedimientos y unos tiempos relativamente cortos antes de que se apruebe y entiendo que el objetivo principal debe ser evitar que eso se produzca. Sobre todo porque de aprobarse, cualquier decisión que se hubiese decidido en petit comité para mejorar la profesión quedaría, casi con toda seguridad, invalidada porque las condiciones de partida habrían cambiado radicalmente. Por eso mismo creo que todos estos debates tan necesarios deberían posponerse en favor de solucionar algo mucho más urgente y prioritario como es la LSP. No solo eso, también se desprende las argumentociones anteriores que entiendo que debemos no solo hacer frente común entre arquitectos (olvidándonos de frases como “vosotros los de las instituciones” “nosotros desde las universidades”, etc.) sino buscar consenso con otras profesiones (por qué no los ingenieros) y, muy en especial, buscar el apoyo de la masa social. Para ello es necesario que se vea que se trata de un problema que no es de unos pocos, sino que afecta a unos muchos. Dicho eso, confieso que no tengo muy claro cómo proceder a partir de aquí, pero creo que con estos dos vectores anteriores sería un buen punto de partida empezar estableciendo una hoja de ruta para evitar que se apruebe la LSP y que sirva para mejorar y reinventar la profesión. Cualquier propuesta es bienvenida.